© 2018 by the Rights and Resources Initiative (RRI), a global coalition of 15 Partners, 7 Affiliated Networks, 14 International Fellows, and more than 150 collaborating international, regional, and community organizations dedicated to advancing the forestland and resource rights of Indigenous Peoples and local communities. The views presented on this site are not necessarily shared by the agencies that have generously supported this work, nor by all the Partners and Affiliated Networks of the Coalition. This work is licensed under a Creative Commons Attribution License CC BY 4.0. View our privacy policy,

 

© 2018 por la Iniciativa para los derechos y recursos (Rights and Resources Initiative, o RRI por sus siglas en inglés). RRI es una coalición mundial de 15 socios principales, 7 redes afiliadas, 14 miembros internacionales y más de 150 organizaciones colaboradoras a nivel internacional, regional y comunitario, que se dedica a
fomentar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre la tierra y los recursos forestales. Los puntos de vista presentados aquí no necesariamente los comparten los organismos que generosamente patrocinaron el presente trabajo o todos los socios y redes afiliadas de la coalición RRI. Este trabajo es bajo Creative Commons License Atribución Creativa CC BY 4.0.

Citas sobre la criminalización de los pueblos indígenas 

GLOBAL

Victoria Tauli-Corpuz

Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas

 

He sido alertada sobre cientos de casos de "criminalización" desde casi todos los rincones del mundo. Estos ataques, ya sean físicos o legales, son un intento de silenciar a los pueblos indígenas que se oponen a proyectos que amenazan sus medios de subsistencia y sus culturas.

Mi nuevo informe encuentra un patrón de abuso. A menudo, el sector privado actúa en complicidad con los gobiernos para desplazar a los pueblos indígenas de sus tierras por cualquier medio necesario para dar paso a proyectos de infraestructura, agricultura, minería y de extracción.
 
Al mismo tiempo que los sistemas de justicia se utilizan como “armas” contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos, existe una impunidad generalizada para quienes cometen actos de violencia contra los pueblos indígenas. En la raíz de esta crisis mundial está el racismo sistemático y la incapacidad de los gobiernos para reconocer y respetar los derechos indígenas territoriales. 

Yo misma fui puesta en una lista de terroristas del gobierno de las Filipinas en represalia por abogar por los pueblos indígenas de Mindanao, muchos de los cuales han sido desplazados por la creciente militarización. Aunque el caso en mi contra ha sido desestimado, todavía permanecen muchos otros en la lista que han sido falsamente acusados y cuya seguridad está amenazada, incluida la activista indígena desde hace mucho tiempo, Joan Carling.
 

GLOBAL

Andrew Anderson

Director ejecutivo, Front Line Defenders

 

Lo que está sucediendo ahora en el mundo no es nada menos que un ataque sistemático contra las comunidades campesinas e indígenas. Las élites corruptas, en su insaciable sed de madera, aceite y oro, desprovistas de ambiciones distintas a su propio enriquecimiento, amenazan no sólo con destruir las vidas y culturas indígenas, sino también el medio ambiente, del cual dependen la supervivencia y el futuro de todos y todas.

ARGENTINA

Jorge Nahuel

Confederación Mapuche de Neuquén

 

Cuando nosotros nos paramos y tomamos medidas de acción directa estamos ejerciendo un derecho. No estamos protestando ni estamos simplemente manifestando un malestar. Estamos ejerciendo un derecho que es defender la integridad territorial y estamos defendiendo nuestro derecho a existir con propia identidad.

BRASIL

Inaye Gomes Lopes

Aty Guaso Kaiowa E Guarani

 

Hay una gran criminalización. Está muriendo mucha gente en Brasil. Bueno, muriendo no, están siendo asesinados. Una cosa es morirse, otra cosa es que te maten. Y está sucediendo especialmente en Mato Grosso, en el sur, cerca de Paraguay. Está sucediendo en muchos lugares, y acaban de escuchar lo que ha pasado en el mismo Río de Janeiro. Entonces, es como muy habitual ahora disparar y matar a los líderes y a las lideresas.

COLOMBIA

Aida Marina Vivas

ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia)

Pongo un ejemplo muy relevante, que es uno de los muchos que pasan en Colombia y, seguramente, en muchos países: el caso de Feliciano Valencia. Él fue judicializado porque la autoridad propia juzgó a uno de los infiltrados de inteligencia militar en una mina. En esa época, yo fui consejera nueve años. Entonces, lo judicializaron por tortura, por secuestro…, por muchas cosas, y fue encarcelado en el INPEC el año pasado tres meses, que en el ejercicio de la competencia se pidió, y luego pasó al centro de armonización. Son situaciones que uno mira. La Justicia propia, como la Justicia ordinaria, son jueces reconocidos por la Constitución política de Colombia, para el caso de Colombia, pero una Justicia persigue a la otra. La ordinaria, porque tiene todo, juzga lo que hacen los jueces naturales.

 

Por ejemplo, hay comuneros que viven, por decir algo, en la Costa Pacífica, en el mar. Entonces, cuando tienen un riesgo, lo primero que les dan es lo que se llama el “botón de pánico”. Un botón de pánico que, cuando usted se sienta en riesgo, lo aprieta. Ese botón de pánico no va a funcionar en la Costa Pacífica, porque eso es para la ciudad. Entonces, son esquemas que no sirven. Le dan un chaleco antibalas. Un pobre compañero originario que primero, en el marco de su cultura, de nuestro propio conocimiento…Yo tengo chaleco antibalas, pero casi nunca lo utilizo. ¿Por qué? Porque no es mi forma de conseguir que yo tenga que andar con un chaleco. Entonces, en Colombia se ha logrado un poco este tema diferencial. Hoy estamos en el marco de la movilización que se hizo el año pasado.

GUATEMALA

Aura Lolita Chavez Ixcaquic

Consejo de Pueblos K’iche’ por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio

 

Los y las líderes indígenas que alzan sus voces en Guatemala enfrentan detenciones arbitrarias, torturas y acoso sexual por parte de la policía, y hasta pierden la vida. El sistema de justicia no solo no aborda nuestras preocupaciones, sino que también es una herramienta para que el Estado y los intereses privados ataquen la autoridad y a los líderes de nuestras comunidades.


La situación de impunidad y la situación de vulneración de nuestros derechos es muy grave, porque no solo somos atacadas en el plano como defensoras. No tipifican los delitos como ataque, sino más bien como falta, y lo remiten a los juzgados de paz, en donde tenemos que dialogar y tenemos que ponernos de acuerdo o conciliar con los perpetradores. Entonces, esto se está dando mucho en Guatemala. Y por otro lado, cuando nos acusan y vamos a la cárcel, no solo se comete el delito de encarcelarnos, sino que más bien en las cárceles se está violando sexualmente a las compañeras. Por ejemplo, esa es una amenaza que yo tengo, porque en mi territorio no hay cárcel, entonces me tienen que trasladar a otro lugar fuera de mi pueblo, y está toda esa mafia de los policías.

 

MÉXICO

Abel Barrera

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Comunidad de Tlapa de Comonfort

 

El Estado sabe que fracturando sobre todo este movimiento a través de la detención de su líder o estigmatizándolo… La comunidad, por ejemplo, piensa en sus líderes como los sabios o las sabias que dan la vida por el pueblo, pero para el Gobierno son los delincuentes, son los secuestradores, son los que cometen delitos graves. Entonces, esta situación se ha visto generalizada en varios países y hace que esa sea la manera de fracturar la lucha de los pueblos.
 
También se insistía mucho en cómo las mujeres han sido un factor de resistencia muy importante, pero parte de la fractura es que esta cultura patriarcal también, a los pueblos indígenas, nos ha conquistado, nos ha colonizado, y, en lugar de darle mayor empoderamiento y reconocimiento a las mujeres, se las estigmatiza y se las culpa de muchas actuaciones que favorecen, sobre todo, la división comunitaria.
 
 No reconocen a los pueblos como sujetos de derecho. Y por otra parte también, hay un encubrimiento a los perpetradores. Hay una práctica de la corrupción donde los pueblos indígenas no tienen una voz calificada. Se desacredita su palabra. No se cree en lo que demandan. Obviamente, si ellos usan su propia lengua, es muy difícil que pueda haber justicia en su propia lengua. Luego, ante esta situación, lo que vemos es que hay una reducción, hay una disputa legal entre lo que es la ley de los pueblos indígenas y la ley nacional. Los sistemas normativos, a pesar de que tienen un reconocimiento, no se aplican por parte de los juzgadores. Y se les aplica y se les impone penas muy altas a los mismos pueblos indígenas, es decir, ellos son las víctimas del sistema de justicia estatal, y no tienen la posibilidad de que sus propios sistemas normativos puedan también exigir que se juzgue a sus perpetradores, que son la amenaza a sus territorios.

 

PERÚ

Rodrigo Lauracio Apaza

ONG Derechos Humanos y Medio Ambiente

 

La criminalización para nosotros, desde los casos que hemos podido ver en derechos humanos y medio ambiente, no es solo la utilización del derecho penal como un instrumento de represión, sino que es un conglomerado de muchas acciones, entre ellas, parte de las políticas normativas que implementan los países. En el caso nuestro, en el caso peruano, por ejemplo, se han hecho diversas modificaciones constitucionales. Antes, las detenciones preliminares en nuestro país solo podían hacerse por 24 horas. Ahora, en un contexto de conflicto, pueden ser detenidas las personas y, en especial, los líderes hasta por 15 días.

En estos estados de emergencia, por ejemplo, la policía está autorizada a hacer uso de la fuerza, que en muchos casos deviene en afectación a la vida y en afectación a la integridad física y psicológica de las personas y de los líderes, en especial. Lamentablemente, en nuestro país muchas organizaciones hemos considerado que, irónicamente, sin muertos, no habrá acciones del Estado peruano. Es decir, nosotros mismos con la praxis hemos ido legitimando la muerte de los líderes y representantes de nuestras comunidades campesinas. En lo que va del período del actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, ya han muerto nueve personas: nueve defensores de los derechos humanos que, en su mayoría, son representantes de pueblos indígenas.
 

PERÚ

José Bayardo Chata Pacoricona

ONG Derechos Humanos y Medio Ambiente

 

Hemos observado que, por ejemplo, las empresas privadas tienen mecanismos cuando sus intereses se ven afectados. Tienen formas de buscar remediación para ellas. Pero ¿qué mecanismos hay a favor de los pueblos indígenas cuando han sido mellados?