© 2018 by the Rights and Resources Initiative (RRI), a global coalition of 15 Partners, 7 Affiliated Networks, 14 International Fellows, and more than 150 collaborating international, regional, and community organizations dedicated to advancing the forestland and resource rights of Indigenous Peoples and local communities. The views presented on this site are not necessarily shared by the agencies that have generously supported this work, nor by all the Partners and Affiliated Networks of the Coalition. This work is licensed under a Creative Commons Attribution License CC BY 4.0. View our privacy policy,

 

© 2018 por la Iniciativa para los derechos y recursos (Rights and Resources Initiative, o RRI por sus siglas en inglés). RRI es una coalición mundial de 15 socios principales, 7 redes afiliadas, 14 miembros internacionales y más de 150 organizaciones colaboradoras a nivel internacional, regional y comunitario, que se dedica a
fomentar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre la tierra y los recursos forestales. Los puntos de vista presentados aquí no necesariamente los comparten los organismos que generosamente patrocinaron el presente trabajo o todos los socios y redes afiliadas de la coalición RRI. Este trabajo es bajo Creative Commons License Atribución Creativa CC BY 4.0.

México

Hallazgos del informe

La Relatora Especial visitó México en 2017 y observó que las amenazas, el hostigamiento y la criminalización de los miembros de las comunidades indígenas durante los procesos de consulta tienden a socavar el carácter "libre" de los mismos. Por ejemplo, los miembros de la comunidad de la tribu Yaqui han sufrido diversos ataques, amenazas y criminalización por oponerse a la construcción de un acueducto y un gasoducto, y por demandado consultas y que se solicite su consentimiento libre, previo e informado para los proyectos construidos en su territorio. territorios. El líder indígena Mario Luna fue detenido en 2014 por liderar protestas comunitarias por cargos penales de "privación ilegal de libertad" y "robo". Desde su liberación, ha seguido siendo amenazado y agredido, a pesar de los llamamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México para garantizar su protección y las medidas cautelares emitidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la comunidad Yaqui. La grave situación de ataques y violencia contra las comunidades indígenas también se observó en las Montañas de Guerrero, Sierra Tarahumara y Chiapas.


A nivel regional, las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de gran importancia, porque subrayan la responsabilidad del Estado de garantizar la protección y la seguridad de las comunidades y personas indígenas quienes están en peligro inminente. La Relatora Especial lamenta profundamente que, a pesar de que esas medidas hayan sido otorgadas por el sistema regional de derechos humanos, las medidas nacionales de protección sean a menudo inadecuadas. Esto se ilustra con el asesinato de varios líderes indígenas y los ataques y amenazas en curso, por ejemplo contra las comunidades Choréachi y Yaqui en México, a todos los cuales se les habían otorgado esas medidas.

TESTIMONIO DE LA CUMBRE DE CRIMINALIZACIÓN DE LA
RELATORA ESPECIAL EN GINEBRA EN MARZO DE 2018

Organización

Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Comunidad

Tlapa de Comonfort

Vocero

Abel Barrera

Observaciones notables

1:33: “Y entonces, el Estado sabe que fracturando sobre todo este movimiento a través de la detención de su líder o estigmatizándolo… La comunidad, por ejemplo, piensa en sus líderes como los sabios o las sabias que dan la vida por el pueblo, pero para el Gobierno son los delincuentes, son los secuestradores, son los que cometen delitos graves. Entonces, esta situación se ha visto generalizada en varios países y hace que esa sea la manera de fracturar la lucha de los pueblos".

 

3:11: "También se insistía mucho en cómo las mujeres han sido un factor de resistencia muy importante, pero parte de la fractura es que esta cultura patriarcal también, a los pueblos indígenas, nos ha conquistado, nos ha colonizado, y, en lugar de darle mayor empoderamiento y reconocimiento a las mujeres, se las estigmatiza y se las culpa de muchas actuaciones que favorecen, sobre todo, la división comunitaria".

15:48: “No reconocen a los pueblos como sujetos de derecho. Y por otra parte también, hay un encubrimiento a los perpetradores. Hay una práctica de la corrupción donde los pueblos indígenas no tienen una voz calificada. Se desacredita su palabra. No se cree en lo que demandan. Obviamente, si ellos usan su propia lengua, es muy difícil que pueda haber justicia en su propia lengua. Luego, ante esta situación, lo que vemos es que hay una reducción, hay una disputa legal entre lo que es la ley de los pueblos indígenas y la ley nacional. Los sistemas normativos, a pesar de que tienen un reconocimiento, no se aplican por parte de los juzgadores. Y se les aplica y se les impone penas muy altas a los mismos pueblos indígenas, es decir, ellos son las víctimas del sistema de justicia estatal, y no tienen la posibilidad de que sus propios sistemas normativos puedan también exigir que se juzgue a sus perpetradores, que son la amenaza a sus territorios.”