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© 2018 por la Iniciativa para los derechos y recursos (Rights and Resources Initiative, o RRI por sus siglas en inglés). RRI es una coalición mundial de 15 socios principales, 7 redes afiliadas, 14 miembros internacionales y más de 150 organizaciones colaboradoras a nivel internacional, regional y comunitario, que se dedica a
fomentar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre la tierra y los recursos forestales. Los puntos de vista presentados aquí no necesariamente los comparten los organismos que generosamente patrocinaron el presente trabajo o todos los socios y redes afiliadas de la coalición RRI. Este trabajo es bajo Creative Commons License Atribución Creativa CC BY 4.0.

Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas 

Agresiones y criminalización a que se ven sometidos los pueblos indígenas que defienden sus derechos

Consejo de Derechos Humanos 
39º período de sesiones 
10 a 28 de septiembre de 2018 
Tema 3 de la agenda 
Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo

Conclusiones y Recomendaciones

  • Los Estados deben adoptar medidas para proteger a los pueblos indígenas. Desde este punto de vista, es imperativo que los responsables sean llevados ante la justicia: todos los actos de violencia contra defensores indígenas deben ser pronta e imparcialmente investigados. Los Estados deben optar por un enfoque de tolerancia cero ante los asesinatos y violencias en contra de defensores indígenas de derechos humanos.

 

  • Los Estados deben apoyar abierta y públicamente los derechos de los pueblos indígenas, en especial su derecho de autodeterminación sobre sus tierras, territorios y recursos. Los Estados deben consultar de buena fe con los pueblos indígenas y obtener su consentimiento libre, previo e informado ante todo proyecto que pueda tener un impacto sobre sus tierras.

 

  • Los Estados deben asegurarse que la legislación vigente imponga obligaciones de diligencia debida a las empresas cuando existe un riesgo de violación de derechos humanos, y revocar toda legislación que criminalice el modo de vida indígena.

 

  • Es clave propiciar entornos seguros donde los pueblos indígenas puedan defender sus derechos. Los agentes de la fuerza pública deben recibir formaciones acerca de las normas de derechos humanos y evitar toda criminalización de los pueblos indígenas que defienden pacíficamente sur derechos. Ciertos países han adoptado legislaciones y políticas que proveen protección para los defensores de derechos humanos, entre los cuales Colombia, Méjico, Brasil, Guatemala y Honduras.

 

  • La criminalización crea circunspección por parte de otros gobiernos, organizaciones internacionales e instituciones multilaterales, que en general prefieren evitar toda interferencia en los procesos jurídicos domésticos. No obstante, al apoyar empresas o gobiernos que utilizan estas prácticas, los actores internacionales como bancos multilaterales de desarrollo, instituciones financieras de desarrollo o fondos de lucha contra el cambio climático, corren el riesgo de contribuir a dicha criminalización o incluso de exacerbarla.

 

  • El 3 de julio de 2018, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre violaciones de derechos de los pueblos indígenas que denuncia la persistencia de dicha criminalización. La Relatora Especial celebra el firme pronunciamiento público de la Unión Europea, que puede jugar un papel importante en la prevención de futuras violaciones de derechos.

 

  • Las empresas privadas deben someter todas sus actividades a la diligencia debida en cuanto a derechos humanos y adoptar compromisos políticos claros con ese fin.

Mensajes clave

  • La Relatora Especial ha observado un aumento drástico de la violencia, los asesinatos, la criminalización y la judicialización indebida, así como de las amenazas contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos. Durante la preparación de este informe, la Relatora Especial recibió información de cientos de casos de ataques y criminalización que se desarrollaron en el mundo entero.

  • La organización Front Line Defenders registró 312 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2017; El 67% fueron asesinados por defender sus tierras, casi siempre en relación a proyectos del sector privado, y cerca del 80% sucedieron en Brasil, Colombia, Méjico y Filipinas. Global Witness reportó 207 asesinatos de defensores territoriales y medioambientales durante el año 2017.

  • Estos asesinatos se producen generalmente en un contexto de violencia y amenazas contra comunidades indígenas enteras, que conlleva desapariciones y desalojos, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio.

  • La Relatora Especial registró un alza significativa de la frecuencia de los ataques en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Kenia, Méjico, Perú y Filipinas.

  • La rápida expansión de proyectos de desarrollo sobre territorios indígenas está impulsando una crisis a nivel mundial: las acciones de oposición generan a menudo respuestas violentas y ataques judiciales, que buscan silenciar toda oposición contra los intereses empresariales.

  • En ciertos países, una militarización intensificada, junto con la adopción de normas de seguridad y leyes antiterroristas a nivel nacional, han puesto a los pueblos indígenas en la mira de las fuerzas armadas y policiales –en algunos casos, de manera literal.

  • El modo de vida mismo de los pueblos indígenas ha sido en ocasiones declarado ilegal frente a intereses de conservación, lo cual conduce a detenciones, desalojos forzados y otras violaciones de derechos humanos (ver www.CorneredByPas.com)

  • Una importante causa subyacente de la intensificación de los ataques es la carencia de garantías para los derechos territoriales de los pueblos indígenas, que los convierte en intrusos en sus propios hogares y los somete a desalojos de las tierras que forman la base de su subsistencia, de su cohesión social y de sus tradiciones espirituales.

  • El racismo y la discriminación estructurales, que hacen percibir a los pueblos indígenas como “obstáculos al desarrollo”, también contribuyen a la violencia. Los Estados y empresas hacen a menudo caso omiso de las importantes contribuciones de los pueblos indígenas a la atenuación del cambio climático y al desarrollo sostenible.

  • Los sistemas de justicia son en general desfavorables a los pueblos indígenas. La impunidad generalizada de los actos violentos perpetrados contra los pueblos indígenas agrava y perpetúa su vulnerabilidad y marginalización. Al contrario, estos sistemas han servido para penalizar y silenciar a los pueblos indígenas en la defensa sus derechos.

  • Los pueblos indígenas no están frontalmente opuestos al desarrollo, pero sí rechazan los proyectos que les son impuestos sin su consentimiento libre, previo e informado. Dichos proyectos, muy lejos de ofrecer un desarrollo económico compartido, a menudo marginalizan aún más a los pueblos indígenas, hundiéndolos en la pobreza y destruyendo los recursos de los cuales dependen y que administran de modo sostenible.