© 2018 by the Rights and Resources Initiative (RRI), a global coalition of 15 Partners, 7 Affiliated Networks, 14 International Fellows, and more than 150 collaborating international, regional, and community organizations dedicated to advancing the forestland and resource rights of Indigenous Peoples and local communities. The views presented on this site are not necessarily shared by the agencies that have generously supported this work, nor by all the Partners and Affiliated Networks of the Coalition. This work is licensed under a Creative Commons Attribution License CC BY 4.0. View our privacy policy,

 

© 2018 por la Iniciativa para los derechos y recursos (Rights and Resources Initiative, o RRI por sus siglas en inglés). RRI es una coalición mundial de 15 socios principales, 7 redes afiliadas, 14 miembros internacionales y más de 150 organizaciones colaboradoras a nivel internacional, regional y comunitario, que se dedica a
fomentar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre la tierra y los recursos forestales. Los puntos de vista presentados aquí no necesariamente los comparten los organismos que generosamente patrocinaron el presente trabajo o todos los socios y redes afiliadas de la coalición RRI. Este trabajo es bajo Creative Commons License Atribución Creativa CC BY 4.0.

Honduras

Hallazgos del informe

La Relatora Especial observó durante su visita a Honduras en 2015 que la criminalización ocurre con frecuencia en el contexto de protestas pacíficas contra la tala, la minería o los proyectos hidroeléctricos. Los líderes indígenas han sido juzgados por delitos como "apropiación de tierras" y "daños a la propiedad privada". Durante su estancia en Honduras, la Relatora Especial se reunió con Berta Cáceres, quien posteriormente fue asesinada por su oposición a la presa de Agua Zarca. Otros defensores indígenas de Lenca también han sido atacados y asesinados.


La Relatora Especial, junto con otros procedimientos especiales, envió varias comunicaciones sobre la situación al gobierno de Honduras e inversores financieros que respaldan el proyecto de la presa de Agua Zarca. Varios inversores financieros, incluyendo la Netherlands Development Finance Company-FMO (La Compañía Financiera de Desarrollo de los Países Bajos), el Central American Bank for Economic Integration (Banco Centroamericano de Integración Económica), y Finnfund suspendieron los fondos para el proyecto. Después de una investigación de un año, un panel de investigación conocido como el Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) concluyó en noviembre de 2017 que los agentes del estado hondureño y los altos ejecutivos de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos (DESA) colaboraron en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Cáceres.